Por César Terán
Artículo publicado en la revista "Foco Empresarial" (Diciembre 2018, Año 1, No. 2), de la carrera de Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima. Disponible en:
www.ulima.edu.pe/sites/default/files/page/file/revista_foco_empresarial_2_final_v3.pdf
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El presente artículo trata de explicar la estrecha relación entre el gobierno corporativo, la responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible, partiendo por exponer las definiciones tradicionales de estos tres conceptos y sus principales características, para finalmente identificar el objetivo común que los une.
En primer término, la definición más difundida y aceptada de desarrollo sostenible indica que este “es aquel que satisface las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas” (WCED, 1987, p.41). De forma explícita podemos identificar a la satisfacción de necesidades, presentes y futuras, como el componente medular del concepto de desarrollo sostenible. Por otro lado, de forma implícita, se entiende que para lograr esto es necesario garantizar un crecimiento económico que esté basado en la inclusión social y la protección de los recursos naturales, como único camino para garantizar un desarrollo que sea verdaderamente sostenible y duradero. Estas tres dimensiones (Económica, social y ambiental), son la base del concepto de desarrollo sostenible y son interdependientes, es decir, que no se puede lograr el crecimiento económico sin tener también como objetivo a la equidad social y el cuidado del ambiente.
Respecto a la responsabilidad social empresarial (En adelante RSE), esta se entiende como “la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente” (ISO, 2010, p.15). Esta definición, sobre la cual hay gran consenso al igual que la anterior, indica también que la organización debe tener un comportamiento ético y transparente que: a) Contribuya con el desarrollo sostenible, b) Tenga en cuenta a sus grupos de interés, c) Cumpla con la legislación aplicable, y d) Esté integrada en toda la organización. Asimismo, para comprender esta definición, es imprescindible entender los conceptos de impactos y grupos de interés. El primero de ellos se refiere a “todo cambio positivo o negativo que se genera en la sociedad, la economía o el ambiente, producido en su totalidad o parcialmente, como consecuencia de las decisiones y actividades pasadas y presentes de una organización” (ISO, 2010, p.14), mientras que el segundo, se refiere a “individuos, grupos de individuos u organizaciones que afectan y/o pueden ser afectadas por las actividades de una organización, sus productos o servicios y/o su desempeño asociado a temas relevantes para estos grupos” (AccountAbility, 2015, p.19).
La última definición en este breve análisis corresponde al gobierno corporativo, para lo cual consideraremos la visión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), en base a la cual, podemos definir al gobierno corporativo como un conjunto de relaciones entre los órganos de gobierno de una organización (Junta general de accionistas, directorio y alta gerencia), que proporcionan la estructura necesaria para definir la estrategia de la organización, establecer objetivos y trazar los planes de acción para alcanzarlos. De esta manera, contar con buenas prácticas de gobierno corporativo “facilita la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas, necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad en los negocios” (OCDE, 2016, p.7).
Ahora, una vez que estamos alineados con las definiciones iniciales, podemos tratar de identificar la relación entre estos tres conceptos y, más aún, el objetivo común que los une, tal como se mencionó en la introducción. Para esto, utilizaremos un enfoque que parte de lo general y va a lo específico. En ese sentido, si partimos desde lo que representa el término “desarrollo sostenible”, explicado previamente, entenderemos fácilmente que se trata de un objetivo de escala global, que además es, sin lugar a dudas, un objetivo común, a cuyo logro debemos contribuir todos. Por esta razón, en septiembre de 2015, en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, llevada a cabo en New York, se aprobó la Agenda 2030 (ONU, 2015b). Este documento representa una agenda amplia y universal, aprobada por unanimidad por los 193 países miembros (ONU, 2015a), y está orientada a lograr el desarrollo sostenible a nivel global, en sus tres dimensiones: Económica, ambiental y social. En ese sentido, se definieron 17 objetivos generales denominados “Objetivos del Desarrollo Sostenible” (En adelante ODS), enfocados en erradicar la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y remediar el cambio climático. Los ODS presentan a su vez 169 metas concretas que los países deberán conseguir hasta el 2030.
A partir de la aprobación de la agenda, los países miembros son alentados a realizar exámenes periódicos e inclusivos de carácter voluntario, orientados a reportar sobre el progreso en la implementación de los ODS a nivel nacional y sub-nacional (ONU, 2015b). Siguiendo esta recomendación, a partir de 2016 diversos países han presentado Informes Nacionales Voluntarios[1] (INV), como parte de los procesos de seguimiento y evaluación de la Agenda 2030, liderados por el Foro Político de Alto Nivel (FPAN), bajo el auspicio del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Considerando la meta global que representa la Agenda 2030 y el compromiso asumido por los países miembros de las Naciones Unidas, es imperativo que todos los actores involucrados a nivel nacional, colaboren en forma conjunta hacia el logro de ese objetivo común. En consecuencia, las empresas privadas, las instituciones estatales, la sociedad civil organizada y los ciudadanos en general, deberían comprometerse con esta agenda e incorporar los objetivos de desarrollo sostenible a sus actividades, enfocándose principalmente en aquellos objetivos directamente relacionados con estas.
Ahora, si nos enfocamos solamente en las empresas privadas, específicamente en el rol que estas cumplen en la economía del país y los impactos de sus actividades en sus distintos grupos de interés, resulta de vital importancia que estas contribuyan activamente con el compromiso asumido por los países para alcanzar los ODS y las metas trazadas por la Agenda 2030. Es en este punto donde podemos empezar a identificar la relación entre RSE y desarrollo sostenible, partiendo desde la contribución del sector empresarial privado al logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Según lo mencionado por ISO en su Guía de Responsabilidad Social (2010, p.9), la RSE y el desarrollo sostenible son conceptos que están muy relacionados, pero que son en esencia diferentes.
En ese sentido, se menciona que la RSE “tiene a la organización como su centro de interés”, mientras que el desarrollo sostenible “resume las más amplias expectativas de la sociedad que necesitan ser tomadas en cuenta por las organizaciones que buscan actuar responsablemente”. De esta manera, concluye indicando que “el objetivo primordial de una organización socialmente responsable debería ser contribuir al desarrollo sostenible”. Queda claro entonces que las empresas privadas, como parte integrante de la sociedad, deben contribuir a alcanzar un verdadero desarrollo sostenible, a través de la incorporación de la RSE en su planeamiento estratégico y en sus operaciones diarias.
Finalmente, ¿Cómo vinculamos la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo en las empresas privadas, con la implementación de la RSE y finalmente con el desarrollo sostenible? En primer lugar, recordemos que, tal como se mencionó en la definición de gobierno corporativo, este proporciona la estructura necesaria para que la empresa defina y posteriormente alcance sus objetivos estratégicos. Se entiende entonces que, para que la empresa pueda emprender otras iniciativas estratégicas, debe primero contar con dicho marco o estructura de gobierno, de lo contrario, dichas iniciativas no tendrían mayores posibilidades de ser implementadas de forma adecuada y menos de ser sostenibles en el tiempo. De esta manera, se podría entender al gobierno corporativo como el marco o estructura básica necesaria para establecer una estrategia de RSE de manera óptima y garantizar su sostenibilidad. Por esta razón, podemos deducir que “sin una administración a largo plazo, controles efectivos y responsabilidad para sus grupos de interés, [una empresa] no puede lograr una genuina RSE” (Alejos, 2015, p.16).
Para concluir este breve análisis, resulta ahora más clara la relación entre gobierno corporativo, RSE y desarrollo sostenible. Hemos determinado, en primer lugar, que el desarrollo sostenible es un objetivo común de todos los actores de la sociedad, lo cual incluye, entre otros, a las empresas privadas. Estas, a su vez, para lograr dicho objetivo, deben ser socialmente responsables, es decir, incorporar la RSE en su planeamiento estratégico. No obstante, esto no es posible ni sostenible sin antes contar con buenas prácticas de gobierno corporativo, como la base fundamental para toda empresa.
Referencias
AccountAbility. (2015). AA1000 Stakeholder Engagement Standard. Retrieved from https://www.accountability.org/wp-content/uploads/2016/10/AA1000SES_2015.pdf
Alejos, C. (2015). Gobierno corporativo ¿y? responsable. Cuadernos de La Cátedra “La Caixa” de Responsabilidad Social de La Empresa y Gobierno Corporativo, Octubre 2015(28). IESE Business School (Universidad de Navarra)
International Organization for Standardization [ISO]. (2010). International Standard ISO 26000: 2010-Guidance on Social Responsibility. Ginebra.
Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (2015a). Historic New Sustainable Development Agenda Unanimously Adopted by 193 UN Members [Press Release]. New York. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/8371Sustainable Development Summit_final.pdf
Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (2015b). Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución A/RES/70/1. New York: Asamblea General de las Naciones Unidas. Retrieved from http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE]. (2016). Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20. OCDE. Paris. https://doi.org/10.1787/9788485482726-es
World Commission on Environment and Development [WCED]. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. https://doi.org/10.1080/07488008808408783
[1] Los INV presentados a la fecha por los países miembros se pueden revisar y/o descargar en el siguiente link: https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
En primer término, la definición más difundida y aceptada de desarrollo sostenible indica que este “es aquel que satisface las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas” (WCED, 1987, p.41). De forma explícita podemos identificar a la satisfacción de necesidades, presentes y futuras, como el componente medular del concepto de desarrollo sostenible. Por otro lado, de forma implícita, se entiende que para lograr esto es necesario garantizar un crecimiento económico que esté basado en la inclusión social y la protección de los recursos naturales, como único camino para garantizar un desarrollo que sea verdaderamente sostenible y duradero. Estas tres dimensiones (Económica, social y ambiental), son la base del concepto de desarrollo sostenible y son interdependientes, es decir, que no se puede lograr el crecimiento económico sin tener también como objetivo a la equidad social y el cuidado del ambiente.
Respecto a la responsabilidad social empresarial (En adelante RSE), esta se entiende como “la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente” (ISO, 2010, p.15). Esta definición, sobre la cual hay gran consenso al igual que la anterior, indica también que la organización debe tener un comportamiento ético y transparente que: a) Contribuya con el desarrollo sostenible, b) Tenga en cuenta a sus grupos de interés, c) Cumpla con la legislación aplicable, y d) Esté integrada en toda la organización. Asimismo, para comprender esta definición, es imprescindible entender los conceptos de impactos y grupos de interés. El primero de ellos se refiere a “todo cambio positivo o negativo que se genera en la sociedad, la economía o el ambiente, producido en su totalidad o parcialmente, como consecuencia de las decisiones y actividades pasadas y presentes de una organización” (ISO, 2010, p.14), mientras que el segundo, se refiere a “individuos, grupos de individuos u organizaciones que afectan y/o pueden ser afectadas por las actividades de una organización, sus productos o servicios y/o su desempeño asociado a temas relevantes para estos grupos” (AccountAbility, 2015, p.19).
La última definición en este breve análisis corresponde al gobierno corporativo, para lo cual consideraremos la visión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), en base a la cual, podemos definir al gobierno corporativo como un conjunto de relaciones entre los órganos de gobierno de una organización (Junta general de accionistas, directorio y alta gerencia), que proporcionan la estructura necesaria para definir la estrategia de la organización, establecer objetivos y trazar los planes de acción para alcanzarlos. De esta manera, contar con buenas prácticas de gobierno corporativo “facilita la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas, necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad en los negocios” (OCDE, 2016, p.7).
Ahora, una vez que estamos alineados con las definiciones iniciales, podemos tratar de identificar la relación entre estos tres conceptos y, más aún, el objetivo común que los une, tal como se mencionó en la introducción. Para esto, utilizaremos un enfoque que parte de lo general y va a lo específico. En ese sentido, si partimos desde lo que representa el término “desarrollo sostenible”, explicado previamente, entenderemos fácilmente que se trata de un objetivo de escala global, que además es, sin lugar a dudas, un objetivo común, a cuyo logro debemos contribuir todos. Por esta razón, en septiembre de 2015, en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, llevada a cabo en New York, se aprobó la Agenda 2030 (ONU, 2015b). Este documento representa una agenda amplia y universal, aprobada por unanimidad por los 193 países miembros (ONU, 2015a), y está orientada a lograr el desarrollo sostenible a nivel global, en sus tres dimensiones: Económica, ambiental y social. En ese sentido, se definieron 17 objetivos generales denominados “Objetivos del Desarrollo Sostenible” (En adelante ODS), enfocados en erradicar la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y remediar el cambio climático. Los ODS presentan a su vez 169 metas concretas que los países deberán conseguir hasta el 2030.
A partir de la aprobación de la agenda, los países miembros son alentados a realizar exámenes periódicos e inclusivos de carácter voluntario, orientados a reportar sobre el progreso en la implementación de los ODS a nivel nacional y sub-nacional (ONU, 2015b). Siguiendo esta recomendación, a partir de 2016 diversos países han presentado Informes Nacionales Voluntarios[1] (INV), como parte de los procesos de seguimiento y evaluación de la Agenda 2030, liderados por el Foro Político de Alto Nivel (FPAN), bajo el auspicio del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Considerando la meta global que representa la Agenda 2030 y el compromiso asumido por los países miembros de las Naciones Unidas, es imperativo que todos los actores involucrados a nivel nacional, colaboren en forma conjunta hacia el logro de ese objetivo común. En consecuencia, las empresas privadas, las instituciones estatales, la sociedad civil organizada y los ciudadanos en general, deberían comprometerse con esta agenda e incorporar los objetivos de desarrollo sostenible a sus actividades, enfocándose principalmente en aquellos objetivos directamente relacionados con estas.
Ahora, si nos enfocamos solamente en las empresas privadas, específicamente en el rol que estas cumplen en la economía del país y los impactos de sus actividades en sus distintos grupos de interés, resulta de vital importancia que estas contribuyan activamente con el compromiso asumido por los países para alcanzar los ODS y las metas trazadas por la Agenda 2030. Es en este punto donde podemos empezar a identificar la relación entre RSE y desarrollo sostenible, partiendo desde la contribución del sector empresarial privado al logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Según lo mencionado por ISO en su Guía de Responsabilidad Social (2010, p.9), la RSE y el desarrollo sostenible son conceptos que están muy relacionados, pero que son en esencia diferentes.
En ese sentido, se menciona que la RSE “tiene a la organización como su centro de interés”, mientras que el desarrollo sostenible “resume las más amplias expectativas de la sociedad que necesitan ser tomadas en cuenta por las organizaciones que buscan actuar responsablemente”. De esta manera, concluye indicando que “el objetivo primordial de una organización socialmente responsable debería ser contribuir al desarrollo sostenible”. Queda claro entonces que las empresas privadas, como parte integrante de la sociedad, deben contribuir a alcanzar un verdadero desarrollo sostenible, a través de la incorporación de la RSE en su planeamiento estratégico y en sus operaciones diarias.
Finalmente, ¿Cómo vinculamos la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo en las empresas privadas, con la implementación de la RSE y finalmente con el desarrollo sostenible? En primer lugar, recordemos que, tal como se mencionó en la definición de gobierno corporativo, este proporciona la estructura necesaria para que la empresa defina y posteriormente alcance sus objetivos estratégicos. Se entiende entonces que, para que la empresa pueda emprender otras iniciativas estratégicas, debe primero contar con dicho marco o estructura de gobierno, de lo contrario, dichas iniciativas no tendrían mayores posibilidades de ser implementadas de forma adecuada y menos de ser sostenibles en el tiempo. De esta manera, se podría entender al gobierno corporativo como el marco o estructura básica necesaria para establecer una estrategia de RSE de manera óptima y garantizar su sostenibilidad. Por esta razón, podemos deducir que “sin una administración a largo plazo, controles efectivos y responsabilidad para sus grupos de interés, [una empresa] no puede lograr una genuina RSE” (Alejos, 2015, p.16).
Para concluir este breve análisis, resulta ahora más clara la relación entre gobierno corporativo, RSE y desarrollo sostenible. Hemos determinado, en primer lugar, que el desarrollo sostenible es un objetivo común de todos los actores de la sociedad, lo cual incluye, entre otros, a las empresas privadas. Estas, a su vez, para lograr dicho objetivo, deben ser socialmente responsables, es decir, incorporar la RSE en su planeamiento estratégico. No obstante, esto no es posible ni sostenible sin antes contar con buenas prácticas de gobierno corporativo, como la base fundamental para toda empresa.
Referencias
AccountAbility. (2015). AA1000 Stakeholder Engagement Standard. Retrieved from https://www.accountability.org/wp-content/uploads/2016/10/AA1000SES_2015.pdf
Alejos, C. (2015). Gobierno corporativo ¿y? responsable. Cuadernos de La Cátedra “La Caixa” de Responsabilidad Social de La Empresa y Gobierno Corporativo, Octubre 2015(28). IESE Business School (Universidad de Navarra)
International Organization for Standardization [ISO]. (2010). International Standard ISO 26000: 2010-Guidance on Social Responsibility. Ginebra.
Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (2015a). Historic New Sustainable Development Agenda Unanimously Adopted by 193 UN Members [Press Release]. New York. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/8371Sustainable Development Summit_final.pdf
Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (2015b). Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución A/RES/70/1. New York: Asamblea General de las Naciones Unidas. Retrieved from http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE]. (2016). Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20. OCDE. Paris. https://doi.org/10.1787/9788485482726-es
World Commission on Environment and Development [WCED]. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. https://doi.org/10.1080/07488008808408783
[1] Los INV presentados a la fecha por los países miembros se pueden revisar y/o descargar en el siguiente link: https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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